La propuesta del Gobierno de alcanzar los objetivos de rehabilitación energética que marca la Comisión Europea ya es oficialmente una obligación para el país. El contrato firmado por ambas partes para que España reciba el fondo de rescate de la UE. Que incluye la propuesta realizada por el Ministerio de Transición Ecológica. Para renovar tanto viviendas residenciales como edificios destinados a un fin distinto al del hogar. Esto supone que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y las comunidades autónomas tendrán que lograr la reducción de al menos un 30%. Todo ello del consumo de energía en el equivalente a 40.000 viviendas y a 690.000 metros cuadrados de inmuebles no residenciales. Un hito que tiene dos fechas clave, que son 2023 y 2026.
El IDAE diseñará un plan de adjudicaciones que gestionarán las comunidades autónomas para que una parte del inmobiliario camine en la senda del ahorro energético. La reducción del consumo de un 30% tanto en casas o pisos como en bloques de oficinas o de otra actividad será el mínimo exigido para cumplir con lo marcado por Bruselas. Aunque existen matices sobre alcanzar el ‘arreglo’ de esas 40.000 casas o pisos y los casi 700.000 metros cuadrados de oficinas o activos de otro tipo. Por ejemplo, se tendrán en cuenta las superficies en las que se ha llevado a cabo la obra de mejora para que la exigencia de cumplimiento sea mayor o menor.
En la documentación que tendrá que presentar España ante el órgano de gobierno europeo destacan dos certificados. El primero es el del consumo energético previo a la rehabilitación de los activos sobre los que se realicen los trabajos. El otro es el que se expedirá tras haber llevado a cabo las obras. En las que deberá aparecer el porcentaje de ahorro que se espera alcanzar tras haber realizado el proceso. Además, habrá que remitir las resoluciones publicadas en los boletines oficiales. Tanto el del Estado como los autonómicos, en las que se le dará carácter de norma a esa estrategia de rehabilitación.
Uno de los objetivos que aparecen reflejados en el contrato es la apuesta que ya anunció el Ejecutivo de impulsar la rehabilitación energética en los municipios con menos de 5.000 habitantes. La reducción de consumo a lograr será la de un 30% como mínimo, y deberá llevarse a cabo sobre al menos 26.000 viviendas.